ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA OVEJA DESCARRIADA

Refugiada de Sudán del Sur en Uganda. En su infancia fue atacada en la cara por un león. Foto: Paula Acunzo.

Son variadas las razones por la cuáles las personas migran desde la inestabilidad sociopolítica de sus países, crisis humanitaria, el sueño de un trabajo mejor y un futuro que no consiguen, conflictos armados, catástrofes naturales. En Argentina, migrar es un derecho reconocido desde que la ley 25.871 entró en vigencia en el año 2003. Esta ley protege los derechos humanos del migrante privilegiando a los migrantes provenientes de los países del Mercosur y asociados. Además trae una perspectiva innovadora inexistente en la ley previa de 1981 que poseía un criterio estigmatizante y restrictivo y vinculaba a la migración con problemas de seguridad, narcotráfico y delitos. La “Ley Videla” buscaba estrategias para traer al país migración de otros países esencialmente de Asia tratando de frenar la afluencia de la población limítrofe. Lamentablemente, durante el gobierno de Mauricio Macri mediante el decreto 70/2017 se dejó en suspenso postulados esenciales de la ley 25.871 y se retomaron concepciones de la dictadura cívico-eclesiástica-militar volviendo a vincular a la migración con el delito y estableciendo procedimientos de deportación expréss y mecanismos sumarísimos para presuntos delincuentes sin sentencia firme, estableciendo una culpabilidad prima fascie. Este decreto fue, afortunadamente, derogado este año.

Un dato relevante: a pesar de los mitos y creencias populares, el censo del año 2010 indica que la cantidad de migrantes en nuestro país es menor al 5%. El pico de corrientes migratorias que recibió Argentina fue en 1914, la cantidad de extranjeros llegaron a representar el 30% de la población Argentina. Esto coincide con la migración ultramarina.

Este patrón migratorio acompañó la primer fase de la globalización entre 1870 y la primer guerra mundial. Es una etapa de globalización mundial dónde millones de trabajadores Europeos cruzaron el océano Atlántico en sentido hacia el oeste. En Europa mientras ocurrían las revoluciones industriales y se conformaba el proletariado en las grandes urbes, se generaba mucha pobreza. Convivía la acumulación originaria del capitalismo con la marginalidad. Además también transitaban un período de transición demográfica que provocaba una baja mortalidad y una alta esperanza de vida. Habían demasiados jóvenes, una excedente mano de obra y el trabajo en las urbes no era suficiente para todos. En América los gobiernos de las naciones que se iban conformando, sí necesitaban mano de obra máxime que tenían el proyecto de repoblar grandes terrenos. Por esta razón se dio un contexto favorable para este desplazamiento proveniente del ultramar de jóvenes esencialmente varones pero también de militantes políticos que años posteriores pasaron a conformar parte de la historia del sindicalismo de nuestro país.

Además, existen dos patrones migratorios que siempre estuvieron presentes:

La migración intrarregional que existió desde siempre en América Latina e implica un desplazamiento de las personas entre los países de la propia región. Esta migración se da esencialmente desde 1950 en adelante y es una migración femeneizada. Los migrantes salen de sus países buscando una esperanza laboral que sus orgienes no les ofrece. En la actualidad se da esencialmente con mujeres buscando por ejemplo en Argentina una oportunidad como empleadas domésticas. Además de Argentina los países de destino de la migración intrarregional latinoamericana fueron Venezuela y Costa Rica.

Además, el contexto incrementó las vulnerabilidades que padecen los migrantes. La principal dificultad es lograr la regularización de su situación, otorgándoseles permisos de permanencia. Un deber Estatal y un derecho básico. Desde esa situación se desata para el migrante un sinfín de consecuencias y problemas: al no poder regularizar la residencia, no le es posible trabajar de manera registrada, alquilar una casa, acceder a la seguridad social o a la educación entre otros. La regularización es sin lugar a dudas la base de la equidad y la dignidad. Basta con mencionar que por ejemplo, en Argentina se ha otorgado asistencia para los grupos más vulnerables como la IFE o AUH, pero la comunidad migrante ha quedado excluida principalmente los de más bajos recursos o quiénes tienen dificultades para llevar adelante la burocracia. Obtener además la regularidad no es tan sencillo. Se exigen requisitos como demostrar una relación laboral formal, quedando marginados los trabajadores de la economía popular que finalmente encuentran en las organizaciones sociales como la UTEP el espacio que el Estado les cierra. No basta con cargar con el desarraigo, sus esperanza se destrozan cuando llegan a países que les discriminan y no generan políticas públicas para buscar la igualdad fáctica entre los ciudadanos y aquellos.

Padre e hijo refugiados de Sudán del Sur en Uganda. Foto: Paula Acunzo.

Durante este período también ha padecido las mujeres migrantes una gran caída del empleo ya que en general se desarrollan como empleadas domésticas que no han podido ir a trabajar por no poder utilizar el transporte público o son despedidas directamente. Asimismo se encuentran en la primera línea de acción de los centros de salud y de los hogares. Son quiénes se encargan esencialmente de las tareas en las escuelas – que por los cierres no pueden ejercer – y el cuidado de los pacientes y tareas no remuneradas. Esto trae aparejado una brecha en la desigualdad de género cada vez más marcada.

 

Los migrantes padecen desalojos brutales por no poder pagar los inmuebles – en el mejor de los casos si lo consiguen viven hacinados- y terminan en situación de calle, deben trabajar en sectores de baja productividad o altamente precarizados con una alta exposición al covid. Quiénes tuvieron la posibilidad de insertarse en el mercado, se les han rebajados las horas, el salario o se los han despedido. Son víctimas de la violencia institucional, son infinitas las imágenes en las que la policía de la ciudad de Buenos Aires ha golpeado duramente a manteros o trabajadores populares migrantes y los han retenido sin razón y de manera violenta.

 

El covid ha acentuado las desigualdades ya existentes. Si bien Argentina ha adoptado ciertas pautas y criterios para facilitar y llevar adelante un proceso de regularización de los migrantes, como adoptar el criterio de la nacionalidad, parece muy lejos los preceptos que fueron concebidos en la Constitución Nacional en la que todos los habitantes gozan de los derechos establecidos allí. El Estado debe generar políticas públicas más inclusivas y accesibles: los migrantes no tienen la culpa de dónde nacieron, son grupos vulnerables que merecen una vida digna y plena como todos los seres humanos y no morir atrapados entre papeles y burocracia.

 

Niño de Sudán del Sur refugiado en Uganda con hidrocefalia. Como no puede ser tratado, la comunidad lo abandona hasta que fallece. Foto: Paula Acunzo.